Hasta que el malestar ciudadano general a lo largo de
la segunda legislatura socialista no llevó a la gente a salir a las calles a
protestar contra la inacción o malas acciones del gobierno, la Unidad de Intervención
Policial del Cuerpo Nacional de Policía, más conocidos por antidisturbios, solo
eran protagonistas de noticiarios y periódicos en las reivindicaciones de los
trabajadores de astilleros o cuando la kaleborroka era más activa. Al ser sus
intervenciones puntuales y espaciadas en el tiempo, por su indumentaria , así
como por las competencias específicas que tienen atribuidas, la mayoría de la
ciudadanía de algún modo les diferenciaba injustamente del resto del Cuerpo de Policía
Nacional, institución que a lo largo de los últimos años figura como la mejor
valorada por los ciudadanos junto al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y Fuerzas Armadas. A pesar de la ausencia de educación a la
ciudadanía de cuales son las funciones de dichas instituciones durante toda la
actual etapa democrática, han ido ganando en prestigio tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras por su buen hacer. Esto no se ha debido a que como
garantes de la defensa y seguridad del Estado hayan recibido un trato especial
por parte de quienes tienen el poder de emplearlos en las tareas que tienen
encomendadas, más bien al contrario.
Hasta que el terrorismo dejó de ser la principal
preocupación de España, Policía Nacional y Guardia Civil eran vistos como
aquellos héroes que trataban de que la barbarie de ETA rebasara lo menos posible
la cifra de muertos más allá de sus miembros y eran los principales objetivos. Luchaban con mas empeño que
medios contra la banda terrorista y ellos son los que en mayor número engrosan
la cifra de víctimas. Sabido es que después de casi cuarenta años de
democracia, de diversos gobiernos y ministerios, la auténtica cooperación entre
los distintos Cuerpos de Seguridad no es efectiva y eso tampoco ayuda en el
trabajo diario. Las estructuras estatales no se han adecuado a las necesidades
de los tiempos especialmente en lo que respecta a la seguridad y la defensa del Estado y quienes las mandan, en la mayoría de los casos, carecen de la
experiencia y conocimiento imprescindibles en aparatos estatales como son aquellos que tienen que garantizar uno de los derechos fundamentales
de los ciudadanos, su seguridad.
La decadencia de la clase política se ha agravado con
el empeño de hacer responsable a los ciudadanos de la actual situación de
descontento generalizado y ello también ha mostrado las peores caras de quienes
aprovechan el desorden para hacer uso de la violencia, delinquir amparándose en
una supuesta “indignación” que en nada se parece a la de quienes salen a la
calle a mostrar su disconformidad. De este modo se le ha puesto en bandeja a
los verdaderos responsables de los quebrantos del pueblo la táctica del divide
y vencerás y se ha ejecutado desde todos los ámbitos donde ello era posible. La
cabeza de turco era de fácil elección ya que los únicos representantes del
Estado que comparten la calle y con quienes muestran su descontento son los
miembros de la Policía Nacional.
Si un cambio se produjo a partir del 15M fue el
empleo de la UIP. La Delegada del Gobierno en Madrid en el año 2011 en el que
este movimiento junto con Democracia Real Ya decidió acampar en Sol era Dolores
Carrión. Al contrario de los que se dice
en los medios, las Delegación del Gobierno de las distintas Comunidades
Autónomas, no dependen ni de Presidencia, ni de Interior. Son cargos designados
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Entre sus
competencias por inverosímil que resulte está la de diseñar los dispositivos de
seguridad de eventos tales como las manifestaciones o congregaciones de un
número masivo de personas aunque su jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado dependa funcionalmente en este ámbito del Ministerio de
Interior.
Dolores Carrión no desalojo la Puerta del Sol el 14
de mayo de 2011, contrariamente a la declaración de ilegalidad de la Junta
Electoral Central de la concentración, por ser ese día la jornada de reflexión
previa a los comicios autonómicos. Aunque no se produjeron graves altercados,
el tránsito por la Puerta del Sol y el acceso a los servicios y comercios en
aquellas fechas era inviable. Tras el 15M comenzaron las dudas de que hacer con
la acampada ilegal y la situación que a todas luces se les había ido de las
manos a quienes tenían la potestad de dar por finalizada la ocupación. La
Policía tenía orden de no actuar, lo cual fue aprovechado por algunos para
vejarles de todas las formas posibles. Insultos, escupitajos, orines…
Ese mismo verano tuvieron lugar las Jornadas
Mundiales de la Juventud, con la visita del Papa Benedicto XVI a la que
acudieron jóvenes de todo el mundo y durante las que se autorizó una
manifestación laicista que focalizaron sus reivindicaciones en los peregrinos
católicos. La Policía nuevamente tenia orden de no actuar, mientras algunos de
los jóvenes laicos humillaban y atemorizaban a los peregrinos de la JMJ.
El caldo comenzaba su ebullición y en las
concentraciones en la calle de las personas que querían ver al Papa ya se
escuchaban vítores a la Policía que de ese modo querían diferenciarse de
quienes les habían increpado unos meses antes.
Ese mismo verano se reformó un artículo de la
Constitución y nuevamente los ciudadanos salieron a la calle esta vez sin la
autorización de la Delegación del Gobierno y por tanto sin ningún tipo de
dispositivo que garantizara la seguridad ni de los manifestantes, ni del resto
de ciudadanos. La Policía Nacional, tuvo que apañárselas como pudo para
intentar que los ciudadanos fueran por las aceras y hartos de la inacción del
Ministro de Interior Pérez Rubalcaba, de su sucesor Antonio Camacho y de la
Delegada del Gobierno en Madrid, acuden en septiembre a Bruselas ante el Comité
Ejecutivo de la Eurocop para denunciar las condiciones en las que estaban trabajando
(jornadas interminables, vejaciones, protocolos de actuación inadecuados,
incumplimientos de la Ley por parte del ejecutivo) así como la petición de
depender de órganos judiciales y no políticos, algo que es incomprensible que
no ocurra en la actualidad.
El día 22 de noviembre de 2011, Mariano Rajoy es elegido
presidente del Gobierno. El cargo de Ministro del Interior sería para Jorge
Fernández Díaz que nombraría a Ignacio Cosidó Director general de la Policía
que tardo poco menos de dos meses en cesar a diez de los trece mandos
policiales con el pretexto de que habían sido colocados “a dedo por Rubalcaba” (¿los suyos no?).
Resulta una vez más incomprensible la politización de los altos mandos de la
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que a todas luces deberían de gozar
de la misma independencia que las instituciones judiciales, al menos al amparo
de la ley, porque bien sabido es también el intento de manipulación política
permanente de este organismo.
Es conocida la mínima sintonía de Cosidó con su Ministro
como ha quedado claro en diversas ocasiones. Cosidó, que hasta las últimas
semanas se había caracterizado por su premura para explicar con claridad todas
sus actuaciones y responder a todas las cuestiones que se le planteaban, ha
tenido que hacer gala de su habilidad para obviar preguntas respecto de por qué
se han impuesto dos condecoraciones policiales a Vírgenes católicas y al
arzobispo de Barcelona por parte del Ministro de Interior o si los miembros de
la UIP tenían el material adecuado para hacer frente a las agresiones de los
violentos del pasado 22 de marzo y si además se les había dado orden, no solo de
no actuar, si no también de no proteger a sus compañeros que estaban siendo
agredidos y pedían ayuda por las emisoras. Sabido es el uso y abuso de la actual Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes de la UIP y de las mismas carencias de experiencia que adolecía su antecesora en cuanto a seguridad se refiere.
A lo largo de estos meses ya se habían producido cargas en exceso violentas por parte de los miembros de la UIP, que aunque no se justifican ni en condiciones de presión y estrés extremo, añadieron un ingrediente más para la búsqueda de víctimas y culpables de lo que está ocurriendo a día de hoy en las calles. Ellos si están pagando las consecuencias de los errores cometidos tanto por sus jefes, como por algunos compañeros, ya que ovejas negras las hay en todas las familias. La UIP es un grupo más de los 150.000 profesionales que componen las Fueras y Cuerpos de Seguridad del Estado y que en general realizan un trabajo tan sobresaliente, como para que podamos vivir incluso con la tranquilidad de ignorar todos sus cometidos.
Para la Marcha de la Dignidad del 22 de marzo y el
partido de fútbol Madrid-Barcelona del día siguiente fueron movilizados 1.700
policías del la Unidad de Intervención Policial. De ellos, unos 500 se
concentraban al día siguiente delante de la Comisaría de Moratalaz donde la UIP
tiene su sede central, para pedir la dimisión de sus máximos responsables.
Nunca antes habían resultado heridos tantos policías en una manifestación y los
miembros del grupo PUMA 70 se vieron en especial situación de peligro cuando un
grupo de personas armadas y encapuchadas los acorralaron y comenzaron a lanzarles
adoquines, cohetes y toda clase de objetos.
Es un dicho muy extendido entre las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado el que dice que “de la cárcel se sale, del cementerio
no” y a día de hoy solo hay una persona en situación de prisión preventiva.
Las imágenes no dejan lugar a dudas pero, es alarmante la
cantidad de vídeos que circulan por internet con títulos tales como “La policía
irrumpe con violencia el acto final del 22M”. No hay más ciego que aquel que no quiere ver. Mientras en la Plaza de Colón de
Madrid se cantaba al final de la Marcha de la Dignidad, un grupo de violentos
en la calle Génova arremete contra la policía. Los convocantes de la Marcha
tienen el derecho de manifestarse con la debida autorización, como de hecho
estaban haciendo pero, también el deber de tratar que la concentración
transcurra sin incidentes. Lejos de esto puede oírse por la megafonía como
desde la Plaza se dice a la policía que se vayan y las repetidas frases de “el
acto aún no ha terminado” eran coreadas por las palabras “asesinos, asesinos”
dirigidas contra los antidisturbios que se protegían únicamente con sus escudos
de las piedras, cohetes, barras de acero, señales de tráfico y botellas rellenas de tierra que previamente habían preparado
algunos de los presentes a la manifestación a la vista de todos los
congregados. Alarma especialmente que se trate de disuadir por el megáfono a la
policía recordándoles que hay niños en la manifestación. Como si los policías no supieran cual es su trabajo y la dificultad de salvaguardar la seguridad de todos los presentes cuando no podían defenderse ni así mismos. De todos modos, es incomprensible que invita a un padre a llevar a sus hijos pequeños a
cualquier acto donde se concentre un número masivo de personas, con el peligro
que conlleva el hecho de que por cualquier motivo, pueda producirse una
avalancha o como ocurrió el pasado sábado grupos organizados de delincuentes
violentos que se hacen llamar antisistema o radicales y cuyo único objetivo es
agredir a policías incluso cuando están en el suelo heridos, deciden venir de
varias partes de España y actuar impunemente. Amparados además por la visita de
miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),
alertados por los excesos de las cargas policiales de los últimos meses y con
el descontento patente en Europa de la ya difunta Ley de Seguridad Ciudadana,
los agresores aislaron y se ensañaron con una organización alarmante con los
antidisturbios.
El saldo de heridos ha sido de 67 policias y 34
manifestantes. Los miembros del SAMUR realizaron su trabajo en
mínimas condiciones de seguridad y se les gritaban cuando atendían a los policías
que “les dejaran morir”.
Se ha abierto una investigación para determinar los
fallos del dispositivo de seguridad, en el que no cabe duda el primer error fue
el de la información que los mandos policiales tenían que haber tenido en cuenta del
desplazamiento de grupos de radicales violentos desde varios puntos de España o
de la consigna que circula entre ellos de “Cazar policías”.
Los miembros de la UIP concentrados en Moratalaz el
domingo solicitaban expresamente el cese de los máximos responsables de la
Unidad de Intervención Policial denominados MARTE, jefe de las UIP, José Miguel Ruiz Iguzquiza, y el
jefe de la Primera UIP(Madrid), Francisco Javier Virseda Serna, PUMA y que
dieron las ordenes de quedarse quietos ante las agresiones a los policías con grave riesgo
para sus vidas y la de otros ciudadanos que pasaban por la calle y se
encontraban con la batalla campal. Sus heridas fueron la gota que hizo rebosar
un vaso que ya estaba al borde cuando los pasados días se publicaba en el BOE
que se iban a gastar más de tres millones de euros en cambiar divisas y
uniformes mientras tienen que salir a la calle sin viseras antibaho, comprarse
ellos mismos guantes que les protejan de los cortes cuando realizan su trabajo
o ven que los escudos protectores son inservibles a golpes de adoquines o
señales de tráfico.
El viernes 27 de marzo era noticia que un agente tuvo
que desenfundar su arma en Ciudad Universitaria al encontrarse junto con su
compañero con un grupo de cincuenta personas que al grito de “vamos a por ellos
que son pocos” temieron por su integridad. Los agresores saben perfectamente, que salvo en circunstancias de extrema gravedad que implique la defensa propia por ver comprometida su vida o la de otros,
un policía no puede sacar su arma, lo que no solo les sirve para aumentar su
agresividad, crecerse y luego acudir a los medios para crear el consabido
debate respecto de las actuaciones policiales y el maniqueo empeño de colocar a
unos y a otros en izquierdas o derechas para defenderlos o machacarlos. Tal vez
llegue el momento de que en este país, la estúpida costumbre de poner de un
lado o de otro a las personas con un criterio más bien absurdo, sea sustituido
por el sentido común. Delincuentes extremadamente violentos y fuerzas de seguridad
del Estado es la única clasificación que se puede hacer en estos casos.
Evidentemente quienes no creen en el Estado de
Derecho, en sus instituciones o sencillamente tienen como modus vivendi agredir
a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como macabro divertimento, ya que no
reivindican más que el uso de la violencia gratuita, el destrozo de mobiliario
urbano y el increpar a quienes se atrevan a llamarles la atención por su
actitud, sean estos quienes sean, se han envalentonado tras lo ocurrido el
sábado 22 de marzo. No faltan medios que demonicen a la policía al punto de
acusarles de instigar a los violentos. Resulta incomprensible que se critique que entre los manifestantes caminen policías de paisano que puedan
detectar con antelación que se vaya a producir algún incidente que ponga en
riesgo a todas las personas que acuden a ella e informen a sus
compañeros para que estén prevenidos. La justificación de que un antidisturbios
dedica su vida a ese trabajo porque “les va la marcha” no lleva a pensar que lo
que hacen va mucho más allá de cargar con dureza contra quienes ponen en riesgo
la seguridad. ¿Un cirujano opera porque es un sádico? ¿Y un bombero disfruta
viendo sufrir a quienes están atrapados en un incendio? ¿Y quién se encarama a
poste de la luz para reparar una avería, va con el subidón de pensar que puede freírse por una
descarga?.
Si bien es cierto que en algunas ocasiones los
antidisturbios han llevado a cabo actuaciones muy desafortunadas, no es menos
cierto que es muy difícil hacer frente a esta nueva forma de terrorismo urbano
y más cuando los mandos, responsables y garantes de que su trabajo sea efectivo
y seguro, no escuchan desde hace ya demasiado tiempo las necesidades y las
nuevas amenazas a las que se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Por parte de muchas personas, que en absoluto creen en
la violencia, se reprueba duramente los errores de los antidisturbios, que hasta
que el sábado quedó patente el peligro que corren, no eran conscientes de que se
enfrentan a personas armadas que actúan con extrema violencia, que se mezclan
entre los ciudadanos que acuden a la manifestación con la única intención de
ejercer su derecho y que la misión de los miembros de la UIP es que estos no
pongan en riesgo la integridad de los manifestantes como así ocurrió.
Muchos instan a la policía a que se unan a las
protestas, ya que la mayoría de la población es consciente de que ellos, no sólo
son los verdaderos garantes de su seguridad e integridad física, que están las
24 horas del día, los 365 días del año al servicio de los ciudadanos, que
también han sufrido recortes salariales, que sus jefes en extremo politizados
les ignoran, que tienen familias y amigos que esperan con preocupación a
que regresen a casa tras cada servicio. Pocos los que son conscientes de hasta
que punto tienen que guardar silencio por no desestabilizar aún más la institución
que representan.
Los observadores de la OSCE darán buena cuenta de lo
que el gobierno y los mandos policiales entendieron que tenían que ver respecto
al respeto al derecho de reunión de los españoles. Sería deseable que cuando se
analicen si la policía cumple adecuadamente con sus obligaciones se tuviera en
cuenta que también son humanos con derechos.
Ahora el juego del divide y vencerás ha conseguido
poner en riesgo también la seguridad de quienes protegen y han promovido
enfrentamientos entre los servidores a la ciudadanía (bomberos, policía
municipal). La maniobra de represión por la ley o por la fuerza de quienes
salen a expresar su malestar a la calle no funcionaba mientras se fraguaba el
modo de los ciudadanos dirigieran su ira a quienes en un momento de sus vidas
decidieron dedicarse a protegerles por más que cuando cualquiera tiene un
problema, sepa que puede recurrir a ellos en cualquier circunstancia. El arco
parlamentario permaneció durante días en silencio, tal vez haciendo recuento de
cuantos votos les podía costar el apoyo unánime al Cuerpo Nacional de Policía,
dejando claro que sus intereses, está de sobra demostrado, están muy por encima
incluso de la integridad física de sus votantes.
Los resultados de la investigación de lo ocurrido el
sábado 22 de marzo se conocerán este jueves 3 de abril y es presumible que ni
se produzcan dimisiones en la cúpula de Interior y la Policía Nacional, ni se
tomen auténticas medidas estructurales, una vez más. Los esfuerzos continuarán dirigidos a legislar
de espaldas a las necesidades de los ciudadanos.
Muchos tememos que finalmente se produzca un hecho de
mayor gravedad con fatídicos resultados pero, la habilidad por parte de los
políticos en este país para manipular incluso las muertes es tanta, que es
dudoso que ni así atiendan a una sociedad cada vez más malherida.
Sería deseable que las heridas de los miembros de la
Unidad de Intervención Policial llevaran a una reflexión profunda a la hora de
acudir a las urnas. ¿Si aquellos que nos protegen llegaran a tener miedo de hacerlo, porque también a ellos les desamparan, quién lo va a hacer?. Pero ellos no
pueden permitirse ni siquiera tener miedo, porque como dicen algunos hipócritas
que no ven más allá del uniforme cuando alguno comete un error, les va en el
sueldo. Como si no pudieran haberse dedicado a otra cosa…
Silvia Brasa
2014
